Comunicado de prensa

16 de septiembre 2005

Para mas información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía
Internacional en Santiago de Chile, al Tel 02-235-5945 info@amnistia.cl

Chile no debe retroceder en la justicia para las víctimas

Los años del gobierno militar encabezado por Augusto Pinochet dejaron una
impronta sangrienta en Chile. Al avanzar en el proceso de romper con ese
pasado, ha habido progresos significativos en la obtención de verdad, la
administración de la justicia y la provisión de reparación. No obstante,
miles de personas en Chile continúan viviendo bajo la sombra de esa herencia.

Amnistía Internacional sigue con interés y preocupación la evolución de
reciente iniciativas relativas a violaciones de Derechos Humanos del pasado.

Según el derecho internacional, Chile no puede invocar su marco legal interno
-- trátese de leyes, decisiones judiciales y aun de la propia constitución
-- para no cumplir la obligación de investigar, juzgar y castigar a los
autores de graves violaciones a los derechos humanos, como son las ejecuciones
extrajudiciales, ?desapariciones? y torturas. A causa de su carácter sistemático
y su gravedad, los crímenes cometidos durante el gobierno militar constituyen
crímenes de lesa humanidad. Como tales, no son amnistiables ni tampoco prescriptibles
y el Estado tiene el deber de juzgar y castigar los responsables.

Cuando los poderes públicos envían mensajes confusos o intervienen en ámbitos
de actuación de otros poderes del Estado agravian al principio básico de
"independencia" y la autoridad de los jueces. Mensajes como éstos debilitan
el valor de la ley que debe ser transparente, conocida y de igual aplicación
para todas las personas; reducen la importancia del debido proceso y desconocen
el real compromiso del Estado de Chile con el cumplimiento de obligaciones
internacionalmente contraídas

Las iniciativas políticas de indultos a autores de violaciones de derechos
humanos, que otorguen o aumenten la inmunidad ante los tribunales para quienes
argumenten que actuaron cumpliendo órdenes, u otras similares, crean un
ambiente divisivo y son conducentes a retrocesos importantes en la lucha
contra la impunidad.

Amnistía Internacional hace un vigoroso llamado a que los poderes ejecutivo,
legislativo y judicial cumplan las obligaciones internacionales del Estado
Chileno y se unan en un esfuerzo concertado y de largo aliento con vistas
a que el pueblo de Chile pueda mirar hacia un futuro sin violaciones de
derechos humanos: anular el Decreto-Ley de Amnistía de 1978 que prohíbe
juzgar violaciones de los derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre
de 1973 y el 10 de marzo de 1978; asegurar la cooperación de todos los estamentos
del Estado con las investigaciones de violaciones de Derechos Humanos; perseverar
en llevar ante la justicia a todas las personas responsables de graves abusos;
y brindar a los sobrevivientes y a los familiares de las victimas reparaciones
integrales.

Amnistía Internacional es imparcial. Es independiente de todo gobierno,
ideología política y credo religioso. Ni apoya ni se opone a ningún gobierno
o sistema político, ni tampoco apoya ni se opone a las opiniones de las
víctimas cuyos derechos trata de proteger. No actúa por casos de personas
que hayan usado la violencia o hayan abogado por su uso.

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